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El Salvador: “Este pedido de perdón no pretende borrar el dolor”
Roberto Flores – Iván Escobar (COLATINO) 17 de enero de 2012

En una acto histórico, el Presidente de la República, Mauricio Funes, acompañado de los presidentes de la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia (CSJ), y miembros de su gabinete, pidió perdón, en nombre del Estado salvadoreño al pueblo, comunidad internacional y familiares de las víctimas, por la masacre de El Mozote, cometida por la Fuerza Armada en 1981.

“Este pedido de perdón no pretende borrar el dolor”, reconoció notablemente conmocionado el mandatario, que en varios ocasiones se secó las lágrimas, durante el acto de desagravio que realizó por primera ocasión un presidente constitucional, luego de tres décadas de cometida la masacre, que dejó cerca de un millar de víctimas, la mitad de ellos niñas y niños. Este hecho fue invisibilizado por la prensa y los gobiernos durante la guerra y después de la misma.

Funes enumeró los nombres de los caseríos donde elementos del entonces Batallón Elite “Atlacatl”, terminó con la vida de cientos de personas en tres días como parte de una operación de exterminio durante el conflicto.

“Estoy aquí en El Mozote para reconocer la verdad y profundizar el camino de la justicia y la paz”, expresó. Tras añadir que “aquí en El Mozote y comunidades vecinas hace un poco más de 30 años se consumó una desmesura criminal que se pretendió negar”.

El Presidente Funes dijo que el Estado salvadoreño ahora reconoce estos hechos, y lamentó que gobiernos pasados no lo hicieran. “Este es un acto reconocimiento y dignificación de las víctimas”, aseveró.

Durante el acto de esta mañana en el histórico poblado, Funes aprovechó para instruir en su calidad de Comandan General de la Fuerza Armada “la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico que hoy en nombre del Estado salvadoreño formulo”.

La revisión solicitada por Funes, añadió deberá reflejarse en los textos y símbolos “con que forman los cuadros militares” para fortalecerlos de forma profesional, tal y como ha venido actuando en tiempos de paz la institución castrense.

También instó a la clase político a promover y apoyar la cultura de paz.

De pie, sobre el mismo lugar en el que hace 30 años fueron masacradas más de un millar de personas, en un operativo organizado por el ejército, el Presidente de la República, Mauricio Funes, frente a habitantes y descendientes de las víctimas del cantón El Mozote, pidió perdón por los asesinatos que ahí cometieron las fuerzas armadas durante el conflicto armado. De esta manera, por primera vez un mandatario salvadoreño reconoce de forma oficial la responsabilidad del Estado en esa masacre.

El Presidente Funes fue enfático al develar que oficialmente queda establecida la verdad, al reconocer la masacre. Asimismo, mencionó entre los responsables de la masacre al Teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios; el lugar teniente José Zamitia y el teniente coronel Natividad de Jesús Cáceres.

Con esta solicitud el Gobierno dirigido por el Presidente Funes conmemoró 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz. En el acto también estuvieron presentes los firmantes de ese acuerdo, miembros de organismos internacionales y de países que apoyaron el diálogo, funcionarios de gobierno y representantes de diversos sectores sociales y políticos del país.

La decisión del Presidente Funes de conmemorar los 20 años de los acuerdos pidiendo perdón por una de las peores masacres ocurridas en Latinoamérica se conoció semanas atrás. En declaraciones previas a las de este lunes el gobernante dijo que El Mozote es “símbolo del pasado que todos queremos dejar atrás”.

Durante el acto de desagravio de esta mañana, el mandatario reiteró esas palabras.

Las comunidades del cantón El Mozote conocían ya desde el pasado 5 de diciembre, luego de una reunión con el gobernante y su esposa y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato; sobre la decisión del Presidente Funes de pedir perdón a los habitantes del lugar y a los descendientes de las víctimas de la masacre.

En diciembre pasado, durante el 63 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Canciller de la República, Hugo Martínez, había solicitado ya perdón en nombre del gobierno por las masacres ocurridas en la guerra, principalmente por aquellas de EL Mozote.

Con la solicitud de perdón del Presidente esta mañana se cumple de forma oficial con una de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, luego de que esta entidad conociera el caso. Entre otras cosas, la CIDH recomendó al Estado Salvadoreño aceptar su responsabilidad en la masacre y reparar moralmente a las víctimas.

El acto de desagravio, de acuerdo a un comunicado emitido por Casa Presidencial antes de la ceremonia, cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

El Presidente Funes también realizó algunos anuncios como el nombramiento de El Mozote como un “Bien Cultural” del país, y la reparación a las víctimas, de acuerdo con las capacidades económicas del estado.

Asimismo, expresó que desarrollará planes para reactivar la economía en la zona, así como obras públicas como importantes carreteras que unan a Meanguera con las poblaciones vecinas.

Otro anuncio fue el establecimiento, a partir de febrero próximo, un eco familiar para que los pobladores puedan tener asistencia en salud.

Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl, una de las divisiones elite de las Fuerzas Armadas de El Salvador dirigida por el coronel Domingo Monterrosa, y entrenada por Estados Unidos, desplegó un operativo contra la guerrilla en el cual acabó masacrando a cientos de civiles en El Mozote.

Hasta esta mañana ningún otro Gobierno ni mandatario había reconocido que las fuerzas represivas del Estado estuvieran involucradas en aquella violación. Los medios de comunicación nacionales también se encargaron de ocultar este hecho.

Anteriormente el gobernante salvadoreño, primero en la historia del país en provenir desde la izquierda, había solicitado también un perdón por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas durante a manos del ejército en la ofensiva que precedió a la firma de los Acuerdos de Paz. Luego lo hizo por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y por todas las víctimas del conflicto armado.

Justicia, verdad y perdón

El acto de desagravio fue aprovechado por las familias de las víctimas de la masacre para pedir al Gobierno se esclarezcan el por qué y quienes cometieron el horrendo crimen.

“Necesitamos saber a quién perdonar”, expresó Dorilda Márquez, representante de las víctimas, entre sollozos la mujer dijo sentirse agradecida con el acto de perdón del Presidente Funes, ya que considera que con ello se reconoce el dolor de quienes vivieron la masacre.

La representante de las víctimas insistió en pedir “una verdadera reparación”, para Márquez esta debe incluir acciones “de la mano con verdad y justicia”.

Mauricio Geovany Días, alcalde de Meanguera, coincidió con lo expresado por la representante de las víctimas, ya que durante su discurso expresó que para brindar una verdadera justicia se debe de “esclarecer (el crimen) y castigar a los culpables”.

Asimismo, para el alcalde que los presidentes anteriores no realizaran un acto de desagravio ante los familiares de las víctimas fue una muestra de que “negaban o avalaban los crímenes”.

Terrorista invisible
Eduardo González Viaña, La Primera, 15.01.12
En pocas semanas, se ha colgado el sambenito de terroristas o el de sospechosos de serlo a centenares de peruanos. ”
“Si le das de comer a un pobre te llaman ‘santo’, pero si preguntas en voz alta por las causas de su pobreza y trabajas para que éstas desaparezcan, entonces te pueden llamar comunista”.- dijo Monseñor Óscar Romero, arzobispo mártir del Salvador.
Comunista, ateo, subversivo y terrorista son calificativos que se alternan en la prensa peruana cuando anda metida en “campañas sociales”, como la defensa de una gran empresa minera.

En pocas semanas, se ha colgado el sambenito de terroristas o el de sospechosos de serlo a centenares de peruanos.

Terroristas se ha llamado a los defensores del ambiente y a todos los que se atrevieron a demandar una información clara sobre la posibilidad de que la explotación minera envenene el agua, los cultivos, el ganado y a los propios seres humanos de una de las regiones más grandes del país. Los periódicos aprovecharon de la oportunidad para perseguir a las organizaciones de derechos humanos y calificar a sus miembros de terroristas o traidores a la patria.

Terroristas fue el calificativo con que las portadas de los tabloides tacharon la fotografía de Lori Berenson y de su bebé. En pleno diciembre, nuestros “cristianos” rotativos no vacilaron en negar la Navidad a la madre del pequeño supuestamente terrorista.

Terroristas también fueron llamados los jueces que autorizaron, de acuerdo a ley, el viaje de esa señora. Asumiendo una facultad que no le correspondía, el ministro de justicia atacó a los magistrados y, poco después, se inició una acción investigadora contra ellos.

Fujimori
Y sin embargo, esos mismos periódicos y muchos políticos que posan como demócratas reclamaron a grito pelado el indulto de Alberto Fujimori quien durante 10 años capitaneó un régimen de terrorismo estatal construido a base de genocidios, manipulación electoral, corrupción a tiempo completo y cementerios clandestinos. ¿Es Fujimori acaso un terrorista invisible?

En junio del 2011, el pueblo peruano votó por una alternativa decente contra el terrorismo de Estado que venía empaquetado en la candidatura de Fujimori. Estamos Seguros de que, luego de encarar otras prioridades, el gobierno democrático enjuiciará a la vasta red de gallinazos que, aprovechando del poder, torturaron a culpables e inocentes, los descuartizaron, violaron a sus mujeres, se entregaron a la rapiña, quemaron pueblos enteros y se pusieron a las órdenes de los narcotraficantes. Pero ya va siendo la hora.

La justificación de la impunidad -que se usó en el Perú y otros gobiernos, como antes en la Argentina de Menem- es el argumento cobarde para no encausar a los criminales de uniforme, lo contrario provocaría un golpe militar. O sea, hay que suspender la ley y el Estado de Derecho para poder defenderlos.

ABSURDO
Eso, además de absurdo, no es cierto. En Argentina y Chile, decenas de generales, incluidos jefes de Estado (algunos diez años mayores que Fujimori), penan largas condenas, y a pesar de ello, ninguna alteración del orden constitucional se ha producido.

Además, los ladrones y criminales sólo fueron una minoría. El resto de los oficiales de esa época no lo fueron, y por eso, pueden ahora dormir sin pesadillas y vivir con pobreza pero con inmaculada decencia. En urbanizaciones modestas y con pensiones cada vez más ajustadas, son ellos los verdaderos sucesores de Grau y Bolognesi.

El Estado de Derecho para una sociedad tiene el mismo papel que la respiración para los seres humanos. No se le puede suspender por una hora como no se puede dejar de respirar por ese lapso. Cuando eso ocurre, el Derecho y muchos transgresores se vuelven invisibles. Así ocurre en los dos diálogos que siguen:

1) –Doctor. Un hombre invisible está en la sala de espera.

–Dile que lo siento, pero que no lo voy a poder ver.

2) –Señor Invisible. Dice el doctor que no lo va a poder ver.

–No es problema. Me sentirá cuando le esté apretando la garganta.

 

 

La guerra sin fin
Raúl Wiener, La Primera 15 de enero del 2012
POLITIKA Analista
La rebelión senderista de los 80-90, no iba dirigida solo contra los gobiernos de turno y las Fuerzas Armadas, sino contra el Estado liberal. Su primer acto militar fue la destrucción de las actas de sufragio en Chuschi y en los siguientes años su consigna favorita fue “no votar” y la crítica más ácida a sus rivales de la izquierda era que detrás de cada uno de ellos latía un potencial candidato al Congreso. Yo recibí una de esas andanadas durante un debate con “El Diario”, que aparece en mi libro de 1989: “Guerra e Ideología” (Debate con Sendero Luminoso).

Otro ángulo del mismo asunto era el papel de los organismos de fachada o “generados”, que agrupaban familiares de los presos, abogados, artistas, etc., que recibieron la orden de militarizarse y participar en acciones como una famosa asonada en la Plaza Manco Cápac que concluyó en la muerte de varios familiares de los presos senderistas.

El Sendero en guerra buscaba que el Estado se “desenmascarara”, como una dictadura brutal. Por eso puede decirse que ellos engendraron a Fujimori, que justificó sus rasgos más aberrantes: golpe de Estado, leyes que no encajan en la legislación de derechos humanos, la intervención del Poder Judicial (que incluía las leyes ad hoc para torcer los fallos, como la que se pretende ahora para orientar al JNE), el Grupo Colina, el fusilamiento de rendidos, etc.

La verdad histórica es que la dictadura nacida de la subversión, fue la encargada de derrotarla, por lo menos en su aspecto esencial. Y el Fujimorismo hizo de esta victoria, también contra la democracia liberal, un programa político que se resume en el concepto de que la democracia actual no es boba, es decir no es de puertas abiertas; ni los derechos son iguales para todos porque pueden ser aprovechados por el enemigo; que los “cobardes”, “débiles” y “caviares”, son aquellos que dudan en la guerra, etc.

Durante casi veinte años, que van desde la captura de Guzmán hasta el presente, el Fujimorismo ha vivido de hacer creer que es el partido del “antiterrorismo”, para lo cual ha necesitado que el “terrorismo” siga existiendo.

En este punto, los seguidores del chino le ponen el discurso al resto. Como nadie quiere que le caiga el estigma de blandura frente a Sendero, todos reclaman LA PRIMERA fila para “enfrentar al terror”, que en este caso consiste en negarle la inscripción al Movadef que se quiere infiltrar en la democracia para destruirla por dentro.

Pero leo y releo a los liberales que no quieren ser bobos y extraño la inteligencia que pueden tener en otros temas. Algunas preguntas: ¿no creen que Sendero está admitiendo el fracaso y derrota de su estrategia de lucha armada y destrucción de la democracia liberal, al empezar a jugar en sus reglas?, ¿no hay quién pueda evidenciar el viraje que esto representa?; ¿la democracia no boba tiene o no recursos propios para controlar a los actores que forman parte de ella y sancionar a los que quieran dañarla “desde dentro”?, ¿no está sometiéndose a esas sanciones el que pide participar en ellas?; ¿a dónde irán el Movadef y los 380 mil que le dieron las firmas, si no tienen espacio en el sistema?, ¿desaparecerán?, ¿harán campaña como proscritos, capitalizarán la enorme cantidad de decepcionados que está produciendo el gobierno de Humala?; ¿dónde se da la lucha ideológica contra ellos?

POLITIKA Analista
La rebelión senderista de los 80-90, no iba dirigida solo contra los gobiernos de turno y las Fuerzas Armadas, sino contra el Estado liberal. Su primer acto militar fue la destrucción de las actas de sufragio en Chuschi y en los siguientes años su consigna favorita fue “no votar” y la crítica más ácida a sus rivales de la izquierda era que detrás de cada uno de ellos latía un potencial candidato al Congreso. Yo recibí una de esas andanadas durante un debate con “El Diario”, que aparece en mi libro de 1989: “Guerra e Ideología” (Debate con Sendero Luminoso).

Otro ángulo del mismo asunto era el papel de los organismos de fachada o “generados”, que agrupaban familiares de los presos, abogados, artistas, etc., que recibieron la orden de militarizarse y participar en acciones como una famosa asonada en la Plaza Manco Cápac que concluyó en la muerte de varios familiares de los presos senderistas.

El Sendero en guerra buscaba que el Estado se “desenmascarara”, como una dictadura brutal. Por eso puede decirse que ellos engendraron a Fujimori, que justificó sus rasgos más aberrantes: golpe de Estado, leyes que no encajan en la legislación de derechos humanos, la intervención del Poder Judicial (que incluía las leyes ad hoc para torcer los fallos, como la que se pretende ahora para orientar al JNE), el Grupo Colina, el fusilamiento de rendidos, etc.

La verdad histórica es que la dictadura nacida de la subversión, fue la encargada de derrotarla, por lo menos en su aspecto esencial. Y el Fujimorismo hizo de esta victoria, también contra la democracia liberal, un programa político que se resume en el concepto de que la democracia actual no es boba, es decir no es de puertas abiertas; ni los derechos son iguales para todos porque pueden ser aprovechados por el enemigo; que los “cobardes”, “débiles” y “caviares”, son aquellos que dudan en la guerra, etc.

Durante casi veinte años, que van desde la captura de Guzmán hasta el presente, el Fujimorismo ha vivido de hacer creer que es el partido del “antiterrorismo”, para lo cual ha necesitado que el “terrorismo” siga existiendo.

En este punto, los seguidores del chino le ponen el discurso al resto. Como nadie quiere que le caiga el estigma de blandura frente a Sendero, todos reclaman LA PRIMERA fila para “enfrentar al terror”, que en este caso consiste en negarle la inscripción al Movadef que se quiere infiltrar en la democracia para destruirla por dentro.

Pero leo y releo a los liberales que no quieren ser bobos y extraño la inteligencia que pueden tener en otros temas. Algunas preguntas: ¿no creen que Sendero está admitiendo el fracaso y derrota de su estrategia de lucha armada y destrucción de la democracia liberal, al empezar a jugar en sus reglas?, ¿no hay quién pueda evidenciar el viraje que esto representa?; ¿la democracia no boba tiene o no recursos propios para controlar a los actores que forman parte de ella y sancionar a los que quieran dañarla “desde dentro”?, ¿no está sometiéndose a esas sanciones el que pide participar en ellas?; ¿a dónde irán el Movadef y los 380 mil que le dieron las firmas, si no tienen espacio en el sistema?, ¿desaparecerán?, ¿harán campaña como proscritos, capitalizarán la enorme cantidad de decepcionados que está produciendo el gobierno de Humala?; ¿dónde se da la lucha ideológica contra ellos?

 

 

ESPAÑA | DD.HH. / HRW: Proceso contra Garzón supone una amenaza para los derechos humanos

El juez español impugnó las amnistías concedidas en España y otros países del mundo

(Madrid) – El juicio que se iniciará próximamente contra el juez español Baltasar Garzón por haber investigado crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo atenta contra el concepto mismo de justicia tanto dentro como fuera de España, señaló hoy Human Rights Watch.
La imputación de Garzón en una segunda causa que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos.
“Resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”, manifestó Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. “Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.
El juicio de Garzón en el caso de “memoria histórica” está programado para el 24 de enero de 2012. Se le acusa del presunto delito de prevaricación –dictar a sabiendas resoluciones injustas- por intentar llevar a cabo una investigación efectiva de crímenes de detención ilegal y desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil española y la dictadura del general Franco, a pesar de que en 1977 España aprobó una ley de amnistía para “actos de intencionalidad política”.
La decisión de Garzón de no aplicar la ley española de amnistía encuentra sustento en el derecho internacional, que establece la obligación de los estados de investigar los delitos internacionales más graves y considera las desapariciones como un delito de carácter permanente mientras no se de razón del paradero de las víctimas. De hecho, la reacción en cadena provocada por el histórico pronunciamiento que Garzón dictó en 1998 contra el Gral. Augusto Pinochet de Chile por el asesinato y la tortura de miles de personas dio lugar a la derogación de las leyes de amnistía en numerosos países en todo el mundo.
El el caso de las “escuchas Gürtel”, cuya vista se ha señalado para el 17 de enero, Garzón ha sido acusado de prevaricación y violación de garantías constitucionales. Esta causa se relaciona con la intervención de las comunicaciones efectuadas por personas detenidas en el contexto de un escándalo sobre una extensa trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, actualmente en el gobierno”.
Garzón ordenó una serie de escuchas telefónicas de conversaciones que mantuvieron los presuntos cabecillas de esta red con sus abogados mientras estaban en prisión, ante la sospecha de que los abogados pudieran estar involucrados en las actividades ilícitas . Al menos, uno de los abogados está imputado en la causa por blanqueó de dinero. No obstante, las grabaciones afectaron conversaciones con otros abogados que no estaban involucrados en el blanqueo de los fondos.
En los dos procesos contra Garzón, la fiscalía ha pedido que se archivara la causa penal ya que, según señaló, los hechos no serían constitutivos de delito. No obstante, las causas han prosperado como acciones particulares y fueron sustanciados por el Tribunal Supremo, que tiene facultades para juzgar a jueces en ejercicio. En la causa sobre la investigación de los crímenes del franquismo, los querellantes son dos organizaciones de significado carácter franquista. En la causa “Gürtel”, los querellantes son los abogados y los detenidos cuyas conversaciones fueron intervenidas, incluso imputados en el caso de corrupción.
Garzón fue suspendido de sus funciones hasta el pronunciamiento definitivo en 2010 tras la apertura de juicio oral en el caso de los crímenes del franquismo.
La querella contra Garzón por el caso “Gürtel” fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo en febrero de 2010, nueve meses después de la admisión de la causa de la “memoria histórica”, en mayo de 2009. Además de otros actores consultados, un ex miembro del Tribunal Supremo recién jubilado señaló a Human Rights Watch que creía que los enemigos de Garzón en el poder judicial habían adelantado la causa “Gürtel” para que el proceso contra el juez por la investigación de los crímenes del franquismo, claramente más controvertido, tuviera menor difusión pública y permaneciera a la sombra de esta otra causa. El País señaló que la causa sobre el período franquista quedó “curiosamente paralizada” en el tiempo, en alusión a las demoras en el señalamiento del juicio.
Human Rights Watch no ha adoptado una posición respecto de la legalidad de las grabaciones o de si estas pueden considerarse procedentes. Sin embargo, acudir a la interposición de una querella penal, cuando existen otras vías posibles, constituye una medida a primera vista injustificada. El enjuiciamiento de jueces por el delito de prevaricación es un hecho prácticamente sin precedentes en España, manifestó Human Rights Watch.
Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados han señalado que los jueces no deberían ser juzgados por sus pronunciamientos a menos que se configuren circunstancias absolutamente excepcionales, y que “con el fin de proteger a los jueces de acciones judiciales injustificadas… [es] esencial que también se [les] conceda… cierto grado de inmunidad penal”. Estos expertos de la ONU han concluido que “la comisión de errores judiciales, la revocación en apelación o la revisión por una instancia judicial superior de una decisión adoptada por un juez no debe ser motivo para su separación del cargo”.
“A menos que existan circunstancias claras y suficientemente convincentes, procesar a un juez por su actuación judicial atenta contra la independencia judicial”, señaló Brody. “Son muchos los gobernantes antidemocráticos que no dejarían pasar la oportunidad de aplicar sanciones penales para silenciar a jueces cuya labor se opone a intereses creados”.
Además del caso de Pinochet, Garzón se ha declarado competente en casos de abusos cometidos en numerosos países. El ex oficial de la Armada argentina Adolfo Scilingo, imputado por Garzón por el asesinato de presos políticos durante la dictadura militar de ese país, cumple actualmente una condena de 30 años de prisión en España. El pedido presentado por Garzón a México permitió la extradición de Ricardo Miguel Cavallo, otro ex militar argentino. Cavallo fue extraditado a España en 2003 y posteriormente fue enviado a Argentina para ser juzgado por la justicia de ese país.
Más recientemente, en abril de 2009, Garzón admitió a trámite una demanda interpuesta por particulares e inició una investigación penal sobre presuntos abusos sufridos por cuatro detenidos en Guantánamo que tenían vínculos con España. Varios cables diplomáticos divulgados por Wikileaks revelan que en varias oportunidades funcionarios estadounidenses habrían intentado de manera privada presionar a fiscales y funcionarios públicos españoles para evitar que prosperaran las investigaciones y lograr que la causa no fuera asignada a Garzón, considerado por el embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre (h), como “antiamericano”.

(23565)

Quelle: http://www.hrw.org/es/news/2012/01/13/espa-proceso-contra-garz-n-supone-una-amenaza-para-los-derechos-humanos

 

 

CONGA AL DÍA | “Lo que el peritaje internacional deberá tomar en cuenta” – Coronolgía: El conflicto irresuelto – Interponen demanda contra norma que impide proyecto Conga – Congresistas de Cajamarca piden a PCM relanzar mesa de diálogo

1.
Informe Conga: “Lo que el peritaje internacional deberá tomar en cuenta”
Carlos Alonso Bedoya

El exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, antes de dejar el cargo el 11 de diciembre del año pasado, presentó a la Presidencia del Consejo de Ministros un informe, luego de revisar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga en Cajamarca, el mismo que fue parcialmente difundido por la prensa, especialmente en lo que concierne a la desaparición de cuatro lagunas y los efectos irreversibles que ello traería. Este informe que fue elaborado por seis direcciones del ministerio del Ambiente (Minam), y revisado por el propio Giesecke, tiene catorce comentarios y recomendaciones, y da cuenta de serias omisiones y defectos del EIA que aún no son conocidos, al mismo tiempo que detalla un intercambio de puntos de vista entre el Minam y Yanacocha. A continuación un resumen para facilitar el entendimiento de este problema que moviliza a todo un pueblo y que sin duda deberá ser tomado en cuenta por el peritaje internacional que se viene.

Una de las primeras conclusiones del informe del Ministerio del Ambiente (Minam) sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga, es que los impactos ambientales no se han evaluado en su exacta dimensión, pues no se ha tomado en cuenta ni la magnitud real del proyecto, ni su ubicación en cabecera de cuenca, ni mucho menos que se trata de un ecosistema frágil integrado por bofedales, lagunas altoandinas, complejos de humedales, sumideros de recurso hídrico y áreas de drenaje natural.
Es por esa razón que el EIA presentado por Yanacocha califica los impactos ambientales de Conga como de “muy baja” a “moderada”. Sin embargo, luego de su revisión, el Minam asegura que esta calificación no es correcta y recomienda a Yanacocha revisarla con un enfoque de ecosistemas con sustento técnico en concordancia con compromisos y obligaciones en materia ambiental y social.
Al conocer esta primera crítica de fondo, Yanacocha se negó a reconocer debilidad o insuficiencia alguna en la elaboración de su EIA, afirmando vía documento remitido el 21 de noviembre al Minam, que sí emplearon un enfoque ecosistémico, aunque sin aclarar porque en todo el referido estudio no hay una sola mención de ese concepto.

Efectos en la construcción y operación
En LA PRIMERA etapa del proyecto Conga, la de construcción, los efectos estarán “vinculados a la pérdida de cubierta vegetal, modificación de la red de drenaje del agua superficial y componentes biológicos asociados principalmente a la pérdida de especímenes y afectación del hábitat de flora y fauna”, según sostiene el Minam en su informe.
Ya en la segunda etapa, la de operación, los efectos se darán “sobre el relieve como consecuencia del minado de los tajos, crecimiento de los depósitos de desmonte y llenado paulatino del depósito de relaves”, asimismo sobre “la calidad del agua como consecuencia de descargas procedentes de las operaciones de procesamiento y almacenamiento”; y sobre la capacidad del sistema hidrológico de almacenar y disponer de agua, que disminuirá sustancialmente en el área de influencia del proyecto.
A diferencia de lo que sostiene Yanacocha sobre que es en la etapa de operación donde se van a sentir los “mayores cambios producidos por la modificación de las geoformas”, para el Minam, los efectos en ambas etapas de Conga van a ser drásticos y de alta significancia en el ambiente y en la vida económica de las comunidades aledañas, porque el control, la mitigación y la compensación como medidas de gestión de impactos no serían ejecutados desde la etapa de construcción, según se desprende del EIA presentado por Yanacocha y aprobado en octubre de 2010 por el Ministerio de energía y Minas (MEM).

Cabecera de Cuenca
Para nadie es un secreto que un espacio geográfico conocido como cabecera de cuenca en la parte alta de la cordillera -precisamente donde se ubica Conga- garantiza la captación de agua y el suministro a las zonas inferiores durante todo el año. Por ello, cualquier proceso de transformación de la cabecera (parte alta), tendrá efectos en los valles (parte baja), debido a que en realidad conforman una unidad. En este caso particular, todo el sistema hidrológico que está en juego, alimenta vía el río Cajamarquino diversos pueblos ubicados en las provincias de Celendín, Hualgayoc, Cajamarca y San Marcos, que usan esas aguas para consumo humano y actividades económicas como agricultura y ganadería.
Sin embargo, según el informe del Minam, la empresa minera Yanacocha no ve en esto ningún problema ni riesgo, más bien identifica hasta tres aspectos positivos. El primero, que “en la zona donde se ubica el proyecto (aprox. 4000 m de altitud) es menos probable el desarrollo de actividades económicas como la agricultura y la ganadería intensiva con márgenes aceptables y que sustenten un crecimiento económico sostenible de la población; por tanto, el proyecto minero representaría una oportunidad mediante un adecuado plan de manejo ambiental y de gestión social”.
Segundo, que las “preocupaciones de los usuarios ubicados aguas debajo de la futura infraestructura serán enfrentadas mediante medidas adecuadas de gestión de los posibles efectos con la finalidad de evitarlos y generar cambios positivos”.
Tercero, que “la ubicación del proyecto en cabecera de cuenca es una oportunidad inmejorable para el establecimiento de medidas de gestión del recurso hídrico”.
No obstante, para el informe del Minam esto no pasaría de ser una declaración de buenas intenciones porque no se precisa cómo el proyecto minero será beneficioso para las actividades económicas de la zona impactada. Por ello, considera que el EIA de Yanacocha está plagado de subjetividades.

Fragilidad del ecosistema
El extremo es la estimación que hace Yanacocha del valor del ecosistema que va a impactar con Conga. Para la empresa, la clave está en cuanta significancia tienen humedales y bofedales en el mercado, es decir cuánto pueden valer en términos estrictamente económicos. Sin embargo, estos bienes públicos no existen para los mercados, salvo en el caso de los servicios ambientales como los mercados de carbono, pero en todo caso no es posible solo valorizar económicamente un ecosistema.
Para Yanacocha no hay mayor cosa que perder, porque afirma que los bofedales son “áreas de limitada oferta de servicios ambientales”; y que éstos junto a las lagunas del área “no constituyen importantes contribuyentes del balance hídrico en general”. Por último señala que “no hay acuíferos aprovechables en la zona del proyecto”. Así de simple.
Y precisamente, uno de los aspectos más delicados en el informe del Minam, es que no es posible afirmar, como se hace en el EIA presentado por Yanacocha, que el proyecto Conga tenga efectos de significancia baja en el relieve y geomorfología de la zona, porque el mismo proyecto considera la presencia de dos tajos abiertos, canchas de relave, canchas de desmontes y diversas construcciones.

Violación de la Ley General del Ambiente
En buena cuenta, para el Minam, el EIA de Conga ha vulnerado la Ley General del Ambiente, al no considerar en la evaluación de los humedales (lagunas alto andinas y bofedales) un punto de vista ecosistémico. Dicha ley establece en su artículo 99, que los humedales son ecosistemas frágiles, lo que es concordante con la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar, ratificada por elestado peruano en 1991.
Además, agrega el Minam, que el EIA en este punto en particular debe considerar el impacto futuro del cambio climático, sobre todo en lo que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos hídricos.
Y por más que Yanacocha insiste en que si bien no han utilizado la denominación “enfoque ecosistémico”, sí lo han tomado en cuenta porque han desarrollado un trabajo interdisciplinario como requisito legal de su estudio; el Minam por su lado, advierte que no basta tener un gran equipo de expertos, ni mucho menos presentar abundante información sobre los ecosistemas, porque lo que importa es analizar las relaciones e interacciones entre los mismos. Y eso brilla por su ausencia en el EIA de Conga, e incluso se minimiza el valor de los ecosistemas al clasificarlos en, por un lado bofedales, y por otro, lagunas, sin tener una mirada integral.

Las cuatro lagunas y más
Como ya es de público conocimiento, el proyecto Conga desaparecerá cuatro lagunas: Perol, Mala, Azul y Chica. Las dos primeras para extraer mineral, y las otras dos para depositar desmonte. La compensación ofrecida por Yanacocha en este caso se centra en la construcción de reservorios, pero solo ese dato extraído del EIA de Conga, basta según el Minam, para concluir que no hay enfoque ecosistémico, porque “no se puede comparar una laguna, que es un ecosistema completo, con un reservorio o presa, que es un cuerpo artificial con solo algunas características de ecosistema”. Concluye diciendo que la desaparición de las lagunas implica un impacto irreversible, compensado solo en parte por los reservorios.
Pero el impacto no queda allí, porque si entendemos por enfoque ecosistémico, lo definido en el Convenio de Diversidad Biológica (también ratificado por el estado peruano), al señalar que “es una estrategia para la ordenación integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa”, basado en “la aplicación de métodos científicos adecuados centrados en los niveles de organización biológica que abarca los procesos, las funciones y las interacciones esenciales entre los organismos y su ambiente, y que reconoce a los humanos, con su diversidad cultural, como un componente integrante de los ecosistemas”; entonces, el proyecto Conga -asegura el Minam- transformará de manera muy significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados irreversiblemente.
El Minam sentencia que “el impacto ambiental del proyecto será sobre ecosistemas definidos, llámese lagunas, bofedales, complejo de humedales, pastizales, bosques relictos, etc. así como sobre las interacciones existentes entre ellos y su relación con la parte baja de la cabecera de cuenca”.

Opinión sobre los reservorios
El EIA de Conga dice textualmente que “desde el punto de vista netamente hidrológico, el embalse de agua en estos reservorios constituye una medida efectiva para compensar la pérdida de cuerpos de agua lenticos representados por las lagunas Perol, Mala, Azul y Chica”. Sin embargo, el Minam sostiene en su informe que tal afirmación pretende justificar la compensación solo desde el punto de vista de volúmenes de almacenamiento de agua, anotando que “un reservorio artificial no cumple las mismas funciones que una laguna natural” porque las lagunas tienen características ecosistémicas, y no se ha estimado el volumen de agua que se pierde al desaparecer los bofedales, ya que el propio EIA de Conga admite que se eliminarán cerca de cien hectáreas de éstos.
Por eso el Minam recomienda realizar un balance hídrico integral y ecosistémico de todo el entorno, estimando “los servicios ambientales que brindan los ecosistemas altoandinos naturales”.

Los relaves
Para Yanacocha, la desaparición de bofedales, esa especie de praderas con humedad permanente, se compensa en la etapa del cierre del proyecto, diecinueve años más tarde, mediante la creación de un ambiente de humedales utilizando una porción de los relaves, y sembrando con pastos “adecuados” para el ganado el resto de los desperdicios.
Al ver tamaña afirmación sin mayor sustento técnico, el Minam argumenta que “normalmente los depósitos de relaves tienen características de generación de aguas ácidas”, por lo que es “poco probable que sea el ambiente propicio para el establecimiento de humedales”. En resumen, la propuesta no es clara y requiere más detalle según el Minam, especialmente en lo que se refiere a su aplicación en otros países, pues no se conocen experiencias de creación inducida de bofedales, especialmente cuando se sabe que la creación o ampliación de los mismos tarda varias décadas.
Yanacocha, al responder esta inquietud, señala que todos los detalles serán esclarecidos en el “Plan de Manejo de Bofedales” que tendrán listo en mayo próximo. Sobre el agua ácida de los depósitos de relaves, Yanacocha afirma que ya tienen un modelo de calidad de agua a fin de asegurar agua adecuada para los bofedales, lo que se ejecutará según la empresa mientras el proyecto esté en ejecución, sin aclarar qué pasará tras el cierre del proyecto.

Lagunas Azul y Chica
Para el Minam queda claro que los criterios económicos y operacionales han pesado mucho más que los criterios ambientales en el EIA del proyecto Conga, y por ello se plantea utilizar las laguna Azul y Chica como parte de la cancha de relaves sin mayor sustento técnico ni un análisis serio de los riesgos asociados. Por ello, el Minam recomendó realizar un mayor análisis de alternativas considerando los múltiples servicios ambientales que prestan las lagunas, que hacen que el orden de prioridades apunte en primer lugar a los criterios ambientales sobre los meramente económicos. Es decir, Yanacocha utilizará lagunas como depósitos de desmontes solo para ahorrar dinero y tiempo, lo que hace más rentable su actividad.

El resto de la cuenca
Va quedando claro que la movilización de los pobladores que originó la declaratoria del estado de emergencia por parte del gobierno central, no fue por gusto, pues el informe del Minam señala claramente que el EIA del proyecto Conga no ha incorporado todas las áreas que serán afectadas con la extracción minera en la cabecera de cuenca, y esa es la principal preocupación de los pobladores. Tal es así que según la autoridad ambiental, “los estudios de aptitud natural que tienen los suelos no han sido realizados en detalle a nivel de cuenca, de tal manera que permitan una supervisión posterior de la productividad de las tierras en función del agua abastecida por las lagunas y bofedales existentes”, asimismo que “en cuanto a ocupación de tierras y sus actividades económicas principales: agricultura, ganadería y reforestación”, el EIA de Conga debería ampliarse a las “microcuencas abastecidas con los recursos hídricos proporcionados por las lagunas y bofedales de la zona donde se desarrollará el proyecto”.
Ahora bien, el Minam sostiene que su preocupación no tiene que ver con los estudios de suelos y su uso actual que se expresa en la producción agraria actual en la zona de influencia del proyecto, los mismos que se han realizado de acuerdo a la normativa vigente. Lo que preocupa al Minam es que no se ha cubierto en el EIA la totalidad de las cuencas Quebrada Toromacho, Alto Jabibamba, Chailhuagón, Alto Chirimayo. El problema es que precisamente en la parte media y baja de estas cuencas es donde se dan las mejores condiciones para la producción agropecuaria forestal, ocupación de tierras, desarrollo de poblados, etc. y estas áreas no han sido miradas por el EIA deYanacocha por lo que junto a la ausencia del enfoque ecosistémico es el principal aspecto que debe tener en cuenta el peritaje internacional.
La producción de bienes y servicios en estas zonas no contempladas en el EIA serán afectadas por la intervención de la cabecera de cuenca según el informe del Minam.
Son 6,358 hectáreas que pertenecen a las microcuencas influenciadas por Conga que no han sido consideradas en el EIA. Y para el Minam la causa de esta omisión es que los criterios para determinar el área del estudio general y específico son insuficientes, por lo que recomendó que “el criterio y análisis de afectación a los caseríos y centros poblados debiera realizarse por cada microcuenca hidrográfica”.

Aguas superficiales
Algo de lo que falta mayor conocimiento, según el propio EIA de Conga, se refiere a si la quebrada Mamacocha es zona de descarga o de recarga de las aguas del río Grande. Esto es muy importante porque, según el Minam tiene que ver con las filtraciones de los relaves en dicha quebrada y lógicamente con la calidad del agua superficial. La recomendación hecha por el ministerio del Ambiente en este caso es que se incorpore en el EIA de Conga la “información detallada hidrogeológica y de oferta hídrica (laguna, complejos humedales y ecosistemas) que pueda ser integrada para evaluar la relación con otros bienes y servicios ambientales que podrían ser afectados por las actividades del proyecto”.
En buena cuenta, de lo que se trata es que al intervenirse una cabecera de cuenca se requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado y eso es en lo que pone el acento el informe del Minam.
Yanacocha por su parte, ha presentado dentro del EIA un estudio provisional para instalar el depósito de relaves, el mismo que contiene algunas evaluaciones sobre el sistema hidrológico e hidrogeológico, según sostiene el informe del Minam, pero lo que falta de acuerdo a la misma autoridad ambiental es que se demuestre de manera fehaciente que los depósitos de relaves no producirán filtraciones, porque según las propias investigaciones de la empresa, existen flujos hídricos subterráneos (anexo 4.5 sección 5.2 del EIA de Conga).
Sobre el tema de la oferta hídrica, Yanacocha sostiene que con los cuatro reservorios estará cubierta. Pero a juicio del Minam, hace falta antes de que se ejecute el proyecto minero, garantizar mediante un estudio técnico que los reservorios aseguren el balance hídrico y los servicios ambientales que actualmente presta todo el sistema hídrico natural que se va a destruir. Ello debe ser precisado en el plan de cierre.

Aguas subterráneas
Dos tajos que incluye el proyecto Conga: Chailhuagón y Perol, afectarán a criterio del Minam las aguas subterráneas con probabilidad de contaminar los acuíferos ubicados a mayor profundidad, por lo que pide que se incluya estudios hidrogeológicos de acuíferos profundos.
En el caso específico del depósito de desmonte Perol, el Minam afirma que hay niveles de permeabilidad que producirá un impacto sobre los acuíferos existentes, por lo que “el método de explotación debe garantizar la no contaminación de las aguas subterráneas”.
Es que existe un riesgo potencial de filtraciones de aguas ácidas al subsuelo por tratarse de rocas fracturadas a pesar que Yanacocha ha programado un sistema de retención de filtraciones y bombeo.

Los costos
Según el Minam no se ha puesto en valor los ecosistemas compuestos por lagunas, bofedales, humedales y otros. Solo se ha utilizado la metodología de cambios en la productividad agrícola y pecuaria para la valoración económica. Es decir cosas como las funciones ecológicas de los bofedales por ejemplo no han sido consideradas en el EIA. Es por ello, que el Minam recomienda que la valoración tenga “una visión integral de la cuenca considerando los servicios ambientales que provee el ecosistema como la provisión de servicio hídrico, almacenamiento y captura de carbono, belleza paisajística, etc.”
La valoración económica del proyecto Conga está subestimada de acuerdo al informe del Minam. “Los 86 millones de valor de reposición estimados en el EIA solo reflejarían el valor de uso directo del servicio de provisión del recurso hídrico”, y no así todos los impactos en los ecosistemas que se van a ocasionar, por lo que a criterio de la autoridad ambiental peruana debería considerar:
- Identificación de los bienes y servicios ambientales a ser impactados en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto, especialmente lo referido al servicio del ecosistema hidrológico.
- Establecer la relación de estos bienes y servicios ambientales con las actividades económicas que se sustentan entre ellas, más allá de la vida útil del proyecto y de las actividades agrícolas y pecuarias.
- Identificar a los usuarios actuales y potenciales de bienes y servicios ambientales.
- Determinar los tipos de valores de uso actuales y potenciales, así como los valores de no uso.
- Seleccionar los métodos de valoración teniendo en consideración la información identificada.
- Estimar el valor económico de los servicios ambientales a ser impactados.
Cajamarca

El proyecto Conga
Se ubica a 73 Km al noreste de la ciudad de Cajamarca, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; y en el distrito de La Encañada en la provincia de Cajamarca.
Explotará dos depósitos, Perol y Chailhuagón; considera el desarrollo del beneficio de los minerales con contenido de cobre, oro y plata, mediante métodos de procesamiento convencional de chancado, molienda y flotación, en una planta con una capacidad nominal de 92 000 toneladas por día, lo que permitirá procesar el contenido mineral de 3,1 billones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro.
El minado se completará en aproximadamente 19 años, de los cuales se procesará mineral durante los 17 últimos años. Los concentrados serán transportados a un puerto de la costa norte mediante el uso de camiones para su despacho al mercado internacional.
La empresa Yanacocha presentó al Ministerio de energía y Minas (MINEM) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del citado proyecto en febrero de 2010 para su evaluación en su calidad de autoridad competente a fin de obtener la certificación ambiental.
Mediante Resolución Directoral N0 351-2010-MEM/AAM se aprobó el EIA del proyecto CONGA en octubre de 2010, con la opinión favorable de la ANA y el MINAG.
Mediante Oficio N° 392 -2011-DGPNIGA/VMGA/MINAM, de fecha 28.10.11, el MINAM solicitó al MINEM el EIA del Proyecto Conga con la finalidad de analizar su contenido. El EIA nos fue entregado el 08.11.11 en versión digital.

Newmont
Carlos Santa Cruz
El 2 de noviembre pasado, los entonces ministros del Ambiente, Agricultura y energía y Minas visitaron las lagunas Perol y Azul en el proyecto minero Conga. Según fuentes políticas, en realidad, la invitación fue hecha por el presidente regional Gregorio Santos y los alcaldes de Sorochuco, Bambamarca, Encañada y Celendín solo al hoy exministro del Ambiente Ricardo Giesecke quien aceptó. Los otros dos ministros, Herrera (Minas) y Caillaux (Agricultura) se sumaron de motu propio. El acuerdo fue encontrarse con los alcaldes y el presidente regional directamente en las lagunas pero al enterarse la empresa Yanacocha, decidió hacer una demostración de fuerza en las lagunas movilizando a 8000 trabajadores para que se concentren en la laguna El Perol. Eso no estaba previsto y tampoco se trató de una manifestación que se les ocurrió espontáneamente a los trabajadores, porque para llegar hasta las lagunas se requiere de vehículos. Carlos Santa Cruz, representante de Newmont en el Perú fue quien organizó personalmente esa trampa en la que se necesitó más de 2000 vehículos. También movilizó a todos los medios de comunicación local y a gran número de medios de carácter nacional. Con esa actitud, de querer demostrar queYanacocha también mueve masas, se ocasionó que dos días después se diera respuesta mediante una movilización de más de 12000 personas en contra de Conga, generando un paro que duró por más de una semana.
Las fotos hablan por sí mismas, Carlos Santa Cruz (casaca verde y casco blanco), está en medio de los trabajadores y coordina también con los jefes de la Dinoes de la Policía Nacional, a cuyos efectivos ofrece buenos ranchos y movilidades siempre y cuando defiendan los activos deYanacocha.

Juristas
El EIA es inválido
Según destacados juristas, el EIA de Conga es inválido porque fue aprobado mediante resolución directoral rubricada por una asesora ministerial y no por el director respectivo. En efecto la abogada Clara García Hidalgo, asesora ministerial de energía y Minas es quien suscribe la Resolución Directoral N0 351-2010-MEM/AAM que aprueba el EIA presentado por Yanacocha.

Recomendaciones generales
El informe del Minam termina con tres recomendaciones:
- Las lagunas Perol y Mala, debajo de las cuales existe la presencia certificada de roca mineralizada, serán vaciadas con fines del aprovechamiento mineralógico; sin embargo, las Lagunas Azul y Chica serían vaciadas y utilizadas como depósitos de desmontes. Al respecto, corresponde un mayor análisis ambiental y social que determine la reubicación de dichos depósitos dentro del área de influencia del Proyecto en zonas distintas a las ocupadas por dichas lagunas.
- Los costos ambientales y sociales asociados al Proyecto Conga deben ser adecuadamente valorados en función a los impactos que éste generará en sus etapas de construcción, operación y cierre. Por tanto, dichos costos deberían ser compensados adecuadamente (fideicomiso, fondos de garantía, otros) teniendo en cuenta el nivel de inversión (aproximadamente 4,800 millones dedólares) y las ganancias esperadas (vinculadas al procesamiento de 3,1 billones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro) que se obtendrán por la ejecución de dicho proyecto.
- La Ley de Recursos Hídricos en su artículo 75º, reconoce a las cabeceras de cuenca, como zonas ambientalmente vulnerables, pudiendo inclusive declararse su intangibilidad. Toda vez que el Proyecto se desarrollará sobre una cabecera de cuenca que abastece a 5 microcuencas, se recomienda efectuar una mayor evaluación, a través de un experto reconocido en la materia, de las características hidrológicas e hidrogeológicas de dicha cabecera y de su características ecosistémicas entre ellas.

Vistas así las cosas, es fundamental que el peritaje internacional que se viene, tome en cuenta este informe terminado días previos a la caída del gabinete Lerner y a la salida de Ricardo Giesecke del Ministerio del Ambiente.

Carlos Alonso Bedoya, Unidad de Investigación LA PRIMERA

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/especial/informe-conga_103137.html

http://www.alainet.org/active/52119&lang=es

2.
Conga: el conflicto irresuelto
Por: Ronald Ordóñez – Juan Arribasplata

Noticias Ser informó del conflicto acontecido en la región Cajamarca por la viabilidad del proyecto Conga de la empresa minera Yanacocha. Hoy, en su primera edición del 2012, presentamos un informe sobre los principales hechos ocurridos en torno a este conflicto en las últimas semanas.

Fines de 2011
27 de diciembre: En la ciudad de Lima, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, atendiendo a uno de los acuerdos de la entrampada negociación del 19 de diciembre en Cajamarca, desarrolla una reunión con algunas autoridades regionales y representantes de instituciones, encabezadas por el alcalde provincial de Cajamarca, Ramiro Bardales, para conversar sobre el peritaje internacional al proyecto Conga y el desarrollo regional.
Como lo había anunciado previamente, Gregorio Santos no participa en este encuentro, rechazando desde Cajamarca la realización de esta reunión. De igual manera, diversas organizaciones sociales critican a Ramiro Bardales y a las autoridades que asistieron, calificándolos como “traidores”. Otra voz que se suma a las críticas de la reunión en Lima, es curiosamente la del congresista nacionalista Jorge Rimarachín, quien dice que ésta carece de validez ya que no estuvieron presentes los actores principales del conflicto.
Entre los acuerdos a los que se llega en esta fecha destacan:
- Aprobar los Términos de Referencia del Peritaje Internacional al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga.
- Iniciar las acciones para la contratación de los peritos internacionales.
- Aceptar que la empresa estatal Activos Mineros ejecute labores de prevención a consecuencia de la temporada de lluvias, así como obras de infraestructura hidráulica en la zona.
- Continuar con el diálogo de la Mesa Nº 2 para la ejecución de proyectos de desarrollo regional.
- Que los gobiernos exijan a las empresas mineras mayor contratación de empresas y mano de obra locales.
Por su parte, Carlos Santa Cruz, vicepresidente de Newmont Sudamérica, saluda y felicita la presencia de las autoridades cajamarquinas en la reunión, anunciando además que se espera que con el peritaje, el EIA de Conga sea enriquecido.
El ministro de Justicia, Juan Jiménez, declara que el Ejecutivo rechazará la solicitud hecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diversos gremios como AIDESEP y CONACAMI para que se anule el proyecto Conga.
28 de diciembre: Se publica en el diario El Peruano, la Ordenanza Regional Nº 036 del Consejo Regional de Cajamarca, que declara la inviabilidad del proyecto minero Conga por “ocasionar daños irreversibles en los ecosistemas frágiles, generando a su vez perjuicios económicos y sociales de magnitudes incalculables; colisionando directamente con los derechos fundamentales de las personas que habitan dichas jurisdicciones”.
Asimismo, se acuerda dejar sin efecto cualquier disposición legal que se oponga a esta ordenanza. Esto ocasiona que el premier Óscar Valdés amenazara con denunciar a Gregorio Santos ante el Tribunal Constitucional por extralimitare en sus funciones al emitir dicho documento.
Desde Cajamarca, Gregorio Santos justifica la emisión de la Ordenanza Regional “por la autonomía política, económica y administrativa que las regiones tienen”, además dice que se defenderá este acuerdo por ser totalmente válido. Del lado de la empresa, Javier Velarde, vicepresidente legal de Newmont Sudamérica informa que Yanacocha iniciará acciones legales cuestionando la validez de la ordenanza.
29 de diciembre: Santos continúa expresando su rechazo a la reunión que sostuvo Valdés con algunas autoridades de Cajamarca. Asimismo, anuncia una movilización para los días 2 y 3 de enero en contra del proyecto Conga.
30 de diciembre: Gregorio Santos convoca a la Asamblea Regional de Alcaldes para que el día 13 de enero se elabore el Plan Integral Regional 2012. Este hecho genera polémica hasta el día de hoy, puesto que de acuerdo al acta del 19 de diciembre que Santos se negó a firmar, uno de los acuerdos consiste en continuar con la segunda reunión de la Mesa de Trabajo para debatir el Plan de Desarrollo Regional, precisamente el 13 de enero, la misma que será convocada desde la PCM y donde participarán los ministros de Vivienda, Transportes y Comunicaciones y Desarrollo e Inclusión Social.
Días después Óscar Valdés señala que se invitará a las autoridades regionales a esta reunión, mientras que Santos dice que espera que Valdés asista a la reunión que se promueve desde el gobierno regional.
31 de diciembre: Medios de comunicación locales y nacionales dan cuenta de que el gobierno regional de Cajamarca ha aceptado la donación de 1 millón 452 mil soles de parte de la empresa minera Gold Fields. Con ello se critica la posición de Santos respecto a la actividad minera.
El gobierno regional de Cajamarca emite un comunicado donde señala que el monto recibido no es una donación, sino una transferencia obligatoria pues “del 10% de las utilidades netas que Gold Fields destina a sus trabajadores le sobró más de un millón de soles (…) por lo que la ley determina que el dinero sobrante pase a los gobiernos regionales donde las empresas mineras están operando”. Gold Fields también aclaro el asunto a través de una carta al diario La República. EL gobierno regional califica esta información como un intento de desprestigio.

2012: “Protesta de dos días”
2 de enero: Se desarrolla el primer día de paro. Encabezan la movilización Gregorio Santos y el presidente del Frente de Defensa, Wilfredo Saavedra. Cientos de personas marchan hacia la plaza de Armas, mientras que las actividades cotidianas en la ciudad se desarrollan con normalidad.
Por la noche se desarrolla una vigilia que coincide con una verbena musical por el 158 aniversario de Cajamarca. El líder ambientalista Marco Arana difunde a través de las redes sociales la convocatoria a una reunión nacional el día 7 de enero para organizar la “Gran Marcha por el Agua”. En varias provincias también se desarrollan actividades similares.
3 de enero: Segundo día de la movilización. Se suman organizaciones e instituciones locales. Las actividades por el aniversario de Cajamarca son suspendidas. El congresista Jorge Rimarachín dirige la marcha, criticando al premier Óscar Valdés y a la reunión del 27 de diciembre en Lima.
Marco Arana también se dirige a la población invocando a defender la Ordenanza Regional que declara la inviabilidad de Conga y a fortalecer la organización social. Santos refiere que es necesario que el gobierno nacional asuma el cambio de la Constitución Política para no favorecer a las empresas transnacionales: “El pueblo se está cansando de la derecha bruta y achorada”, dice.
Horas más tarde decenas de manifestantes se dirigen a la sede de la Municipalidad Provincial para criticar al alcalde Ramiro Bardales. Realizan pintas en las paredes del local y lanzan vivas a favor de la revocatoria.
4 de enero: Gregorio Santos viaja a la ciudad de Lima, para presentar el Plan de Desarrollo Agrario Regional en la Comisión de Agricultura del Congreso de la República, lo que genera opiniones encontradas entre los legisladores.
Uno de los acuerdos es que luego de 90 días, Santos se presentará nuevamente para informar de los avances en el tema agrario; asimismo, hay el compromiso de dicha Comisión para visitar Cajamarca. Santos aprovecha su estadía en Lima para presentarse en diversos medios de comunicación capitalinos y seguir defendiendo su posición respecto al proyecto Conga. De igual forma, sostiene reuniones con militantes de Patria Roja y del MNI.
6 de enero: Personal de Contraloría de la República se instala en el gobierno regional con la finalidad de recolectar información respecto a la demanda por el uso indebido de recursos del Estado, ya que supuestamente desde esta dependencia se habrían promovido acciones en el marco del paro indefinido por el proyecto Conga. Santos señala que tendrán todas las facilidades e insta a que las empresas mineras también deberían ser auditadas.
7 de enero: Como se tenía previsto se desarrolla en la ciudad de Lima una reunión para definir la fecha de inicio de la “Gran Marcha Nacional del Agua” en apoyo a la demanda de declaratoria de inviabilidad de Conga. La movilización iniciará el primero de febrero, con la ocupación de la laguna Azul hasta llegar a Lima el 10 de febrero. Algunas organizaciones de las regiones más apartadas iniciarían la marcha días antes.
11 de enero: El gobierno regional de Cajamarca emite un comunicado respecto a la reunión convocada para el día 13 de enero. En este se aclara que las autoridades y organizaciones sociales invitadas por el gobierno regional, también participarán en horas de la tarde en la reunión convocada por la PCM, cumpliendo así con la Mesa de Trabajo Nº 2 en la que se debate el Plan de Desarrollo Regional.

http://www.noticiasser.pe/11/01/2012/informe/conga-el-conflicto-irresuelto

3.
Interponen demanda contra norma que impide proyecto Conga
El fiscal de la Nación interpuso demanda para declarar inconstitucional la norma emitida por el Gobierno Regional de Cajamarca que considera inviable el proyecto Conga.

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Consejo Regional de Cajamarca y el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca Gregorio Santos por la norma que estipula la “intangibilidad de las cabeceras de cuenca e inviabilidad del proyecto Conga”, en Cajamarca. La demanda la interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según se explica en el documento, existe un conflicto entre ‘entidades estatales’ que ‘versa sobre una norma con rango de ley’. Es decir, dicha norma excede las competencias del Gobierno Regional de Cajamarca y, además, ‘invade’ las funciones del Ejectivo.
Como se sabe, la ordenanza dictada por el Gobierno Regional de Cajamarca dispone la inviabilidad del proyecto Conga y demanda que sea de ‘interés público conservar, proteger y mantener intangibles las cabeceras de cuenca en toda la región de Cajamarca’.
Cabe recordar que, en años anteriores, el TC declaró inconstitucionales las normas emitidas por otros gobiernos regionales relacionados cuando excedían sus competencias dispuestas por la Constitución.

http://www.rpp.com.pe/2012-01-13-interponen-demanda-contra-norma-que-impide-proyecto-conga-noticia_440631.html

4.
Congresistas de Cajamarca piden a PCM relanzar mesa de diálogo
Tanto de Gana Perú como de Fuerza 2011

Los congresistas de Cajamarca Mesías Guevara Amasifuen (Alianza Parlamentaria), Luis Llatas Altamirano (Gana Perú), Jorge Rimarachín Cabrera (Gana Perú) y Joaquín Ramírez Gamarra (Fuerza 2011) suscribieron una comunicación dirigida a la Presidente del Consejo de Ministros (PCM) en relación a la reunión a desarrollarse este viernes 13 en la ciudad de Cajamarca.
El comunicado señala la necesidad de concretar el desarrollo de la Mesa de Dialogo para superar las dudas razonables a los vicios que contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minero Conga. Frente a ello plantean relanzar la Mesa de Diálogo donde se exprese la más amplia, democrática y participativa representación siendo necesaria deponer cualquier postura que impida un diálogo fluido y perjudique los intereses y expectativas de nuestra región.
Rescatan la necesidad de que el Poder Ejecutivo garantice su participación en esa Mesa, ejerciendo su rol de promotor y árbitro para buscar la resolución de este conflicto social, e incluso como parlamentarios de la región se comprometen a participar alcanzando propuestas.
Los congresistas cajamarquinos sostienen que el Peritaje Internacional al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en el gobierno anterior, debe significar una auditoria minuciosa a ese estudio, previa consulta a los pueblos en conflicto y propiciando el más amplio debate de todas las propuestas existentes a la fecha.
Finalmente, indicaron que la reunión del 27 de diciembre pasado en la PCM, no contó con la representación de los distritos en conflicto, por lo que sus acuerdos carecen de legitimidad.

http://www.generaccion.com/noticia/137796/congresistas-cajamarca-piden-pcm-relanzar-mesa-dialogo

DEVIDA | Ricardo Soberón: “La política de drogas en el Perú está secuestrada” – Un cambio inoportuno

1.
Entrevista a Ricardo Soberón: “La política de drogas en el Perú está secuestrada”
Ex jefe de DEVIDA, da a conocer los logros durante su gestión y opina sobre las expectativas de esta institución en los siguientes meses a cargo de la nueva administración de Carmen Masías.
Christian Reynoso

- ¿Cuál ha sido la razón de su renuncia a la presidencia de DEVIDA?
- Prefiero entender que se trata de un legítimo derecho que ejerce un premier que, haciendo uso de sus facultades, acepta la disposición del cargo que yo hiciera cuando salió el gabinete Lerner. Entiendo que han creído conveniente el cambio como parte del ejercicio democrático. Ahora, esto no quita que el aspecto político de la decisión tiene una explicación: la política de drogas en el Perú está secuestrada por convergencia de la ignorancia, el desconocimiento y los intereses políticos, económicos y mediáticos.

- ¿Qué tanto avanzó durante los cinco meses que estuvo en el cargo?
- El primer mes fue un proceso de discusión, debate y consulta de todos los actores del Estado para tener una propuesta de estrategia 2012-2016. Fue aprobada por el gabinete Lerner, y luego por cada uno de los ministros del actual gabinete Valdés. Tiene absoluta legitimidad de técnicos y de profesionales, y espera solamente la aprobación política para poder ser implementada. Esta estrategia a diferencia de todas las anteriores que han sido discursivas, grandilocuentes y vacías, tiene metas muy precisas, modestas sí, pero realistas en función a la magnitud del problema de la escasez de recursos que tenemos. Diría que ese es el primer gran logro que ahora está en manos de la actual administración.

- ¿Además de la Estrategia, que otros avances se dieron?
- El segundo aspecto clave es haber generado el interés de la comunidad internacional por dos reuniones de altísima importancia: la Conferencia Internacional de Desarrollo Alternativo, que se llevará a cabo el 23 y 24 de febrero aquí en Lima convocada por los gobiernos de Perú y Tailandia, junto a Naciones Unidas; y la segunda, la Conferencia Internacional sobre Drogas, que el presidente Humala anunció el 28 de julio y que ha tenido el interés de diversas instancias multilaterales como la OEA, las Naciones Unidas, CELAC, UNASUR, el gobierno de Estados Unidos, además de la Unión Europea y de varios países asiáticos. El tercer aspecto que me parece fundamental resaltar es la elevación de la capacidad de gasto que encontramos muy reducida y disminuida y que nos permitió llegar al 75% de ejecución al 12 de diciembre, por lo que el Congreso de la Republica nos dio un presupuesto de 120 millones de soles que auguraban posteriores aumentos el 2013 y 2014.

- ¿Cómo debería ser entendido el trabajo que realiza DEVIDA con la nueva administración de Carmen Masías?
- Yo creo que DEVIDA debe de ser el ente articulador y rector que tenga la capacidad de observar transversalmente el problema del narcotráfico. En ese camino andábamos discutiendo con parlamentarios, con prensa, con políticos, con alcaldes, con gobiernos regionales, impulsando espacios de coordinación en el tema de insumos, de puertos y aeropuertos, de lavados de activos y finalmente impidiendo en el caso de Aguaytia que los conflictos relacionados a la erradicación se desbordaran a partir de un diálogo franco, permanente y transparente con los productores cocaleros.

- Masías ha dicho que su estrategia tendrá más énfasis en el tema de la prevención y la rehabilitación. ¿Qué opina?
- Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión pero me parece equivocado que el ente rector de las políticas de drogas del Perú se dedique solamente a un aspecto y deje el tema de interdicción, control de la oferta y la erradicación en manos de la policía. Ejercer rectoría en un tema tan complejo implica tener la capacidad de ver el problema, de liderar el proceso y el debate, ese es el aspecto fundamental que quisimos hacer pero incomodó a muchos.

- ¿Cómo quedará la intervención de DEVIDA en la zona del VRAE? ¿Qué se deberá tener en cuenta?
- Políticamente hay la decisión de ingresar al VRAE, y nosotros hemos señalado la importancia de este tema. Incluso se lo dijimos al embajador estadounidense William Brownfield y el asintió, pues efectivamente respetaba la decisión del gobierno del Perú. Le señalamos entonces el interés para que la cooperación de los Estados Unidos acompañe estos esfuerzos. Pero, lamentablemente persiste una visión absolutamente segmentada y fraccionada sobre el VRAE que se traduce en municipios de la margen izquierda y derecha; en hasta cuatro gobiernos regionales; y a nivel nacional, con la ausencia o escasa presencia de sectores como salud, educación y transportes. En ese sentido, espero que este ímpetu hacia al VRAE persista, en estos cinco meses hemos dado muestras de querer llevar al Estado a esta zona para cambiar formas de comportamiento con los productores, con los alcaldes, así que ojala que eso pueda mantenerse con la nueva administración.

- El congresista Luis Ibérico ha revelado que Ud. ha dejado una “planilla dorada” con un incremento en el número de trabajadores con sueldos elevados y que no necesariamente tenían las calificaciones para el cargo. ¿Qué tiene que decir al respecto?
- Yo rechazo enérgicamente la aseveración del señor Luis Ibérico sobre este tema. Las personas que han ingresado conmigo lo hicieron precisamente por el derecho que me asiste de llevar a un equipo de trabajo. En ninguno de los casos ha prevalecido ningún otro elemento que no sea el rigor técnico, la voluntad política y el compromiso con mi gestión. Ninguna de esas personas gana más que los anteriores funcionarios de DEVIDA.

http://www.noticiasser.pe/11/01/2012/entrevista/“la-politica-de-drogas-en-el-peru-esta-secuestrada”

2.
DEVIDA: Un cambio inoportuno

La salida de Ricardo Soberón de DEVIDA es el colofón de la crisis ministerial que dejó fuera del gobierno a quienes desde la izquierda apoyaron a Ollanta Humala en su camino a la Presidencia de la República, pero sobre todo es el fin de la posibilidad de cambios sustanciales en el manejo de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. La misma que volverá a ser la de siempre: Erradicación y palabras que nada le hacen a la mayor fuente de inseguridad ciudadana en nuestro país.
El narcotráfico, debido a los enormes recursos que maneja, es quizá la actividad ilegal más difícil de enfrentar. El dinero que mueve ha permitido que en diversos momentos, funcionarios públicos, policías y militares, así como autoridades políticas de todos los niveles hayan sido corrompidas y no hayan enfrentado el problema durante décadas, e incluso que sean parte del negocio como ocurrió durante los años del fujimorismo.
Cuando al inicio de la gestión del Presidente Humala se anunció el nombramiento de Soberón se pensó que la política de lucha contra las drogas cambiaría sustancialmente, poniendo énfasis no sólo en las necesarias tareas de erradicación de la hoja de coca, a través de acuerdos con los productores cocaleros, sino también en el quiebre del circuito de traslado de la droga y en un mayor desarrollo del trabajo de inteligencia financiera, clave para detectar el lavado de dinero, producto de dicha actividad.
Este nuevo enfoque generó el rechazo de diversos actores políticos y de algunos medios, que ciertamente no les interesa que nada cambie en este tema. Por ello, es preocupante el giro que el gobierno ha dado con el reemplazo de Soberón por la doctora Carmen Masías, quien en sus primeras declaraciones ha puesto énfasis en el rol de prevención que tendrá DEVIDA, para evitar que la juventud sea captada por las bandas del narcotráfico y/o caigan en el consumo.
En Noticias SER consideramos que si bien lo anunciado por la nueva presidenta de DEVIDA, son acciones que se deben realizar, el eje de la política antidrogas en el Perú debe estar dirigido a enfrentar a las bandas de narcotraficantes, en el marco de una política integral que se expresa en la propuesta de Estrategia 2012-2016, que ha dejado su antecesor. No hacerlo, sólo servirá para que el narcotráfico siga avanzando y generando efectos catastróficos –como ocurre en México- para la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la sociedad peruana.

http://www.noticiasser.pe/11/01/2012/editorial/devida-un-cambio-inoportuno

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